MEXICO

 

Follow-up State Reporting

        i) Action by State Party

 

CMW, CMW/C/MEX/CO/1/Add.1 (2008) [Spanish]

 

 

Informaci¨®n proporcionada por el Gobierno de M¨¦xico en relaci¨®n con la aplicaci¨®n de las observaciones finales del Comit¨¦ de protecci¨®n de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

 

 

MEXICO* **

 

[28 de abril de 2008]

 

RESPUESTA DEL GOBIERNO DE MÉXICO A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES

 

Introducci¨®n

 

1.         El gobierno de M¨¦xico present¨® su informe inicial sobre el cumplimiento de la Convenci¨®n Internacional sobre la protecci¨®n de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (CMW/C/MEX/1) el 18 de noviembre de 2005.

 

2.         M¨¦xico sustent¨® su informe inicial los d¨ªas 30 y 31 de octubre de 2006 ante el Comit¨¦ de protecci¨®n de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

 

3.         El Gobierno mexicano mantiene una pol¨ªtica de apertura y cooperaci¨®n con los mecanismos internacionales de derechos humanos, dentro de la cual realiz¨® una invitaci¨®n abierta a todos los mecanismos que deseen visitar el pa¨ªs. Asimismo, considera que las recomendaciones y observaciones resultantes de dichas visitas y de la presentaci¨®n de informes a los ¨®rganos de supervisi¨®n de los tratados, son una herramienta importante para mejorar la situaci¨®n de los derechos humanos en M¨¦xico.

 

4.         Si bien el Comit¨¦ no estableci¨® un plazo para dar cumplimiento a sus recomendaciones dirigidas al Estado mexicano, el Gobierno de M¨¦xico desea reiterar su compromiso con los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familiares, as¨ª como su voluntad de cooperar con el Comit¨¦, por lo que ha decidido, motu proprio, presentar el siguiente informe de avances en el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones del Comit¨¦ presentadas el 8 de diciembre de 2006 (CMW/C/MEX/CO/1):

 

 

 

Recomendaci¨®n primera (p¨¢rrafo 13 de las observaciones finales)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado parte considere adoptar las necesarias medidas legislativas con miras a retirar su reserva al p¨¢rrafo 4 del art¨ªculo 22 de la Convenci¨®n a fin de garantizar el derecho de los interesados a exponer las razones que les asisten para oponerse a su expulsi¨®n, as¨ª como a someter su caso a la autoridad competente.

 

5.         Como se indic¨® en el informe inicial, el Estado mexicano hizo una reserva expresa al p¨¢rrafo 4 del art¨ªculo 22 de esta Convenci¨®n, visto el texto actual del art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n Pol¨ªtica de Estados Unidos Mexicanos y el art¨ªculo 125 de la Ley General de Poblaci¨®n.

 

6.         Sin embargo, el Gobierno de M¨¦xico est¨¢ llevando a cabo una revisi¨®n de su legislaci¨®n migratoria as¨ª como de las reservas en el ¨¢mbito de los instrumentos de derechos humanos, para que, de considerarse procedente, sean retiradas.

 

Recomendaci¨®n segunda (p¨¢rrafo 13 a)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado Parte garantice que los trabajadores migratorios y sus familiares s¨®lo sean expulsados del territorio del Estado Parte, en cumplimiento de una decisi¨®n adoptada por la autoridad competente conforme a la ley.

 

7.         De acuerdo con el marco legal en M¨¦xico, corresponde al Ejecutivo Federal determinar la expulsi¨®n de alg¨²n extranjero que incurra en las hip¨®tesis previstas en el Art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n Pol¨ªtica de los Estados Unidos Mexicanos y el art¨ªculo 125 de la Ley General de Poblaci¨®n.

 

8.         En la pr¨¢ctica, esta facultad se ejerce a trav¨¦s del Instituto Nacional de Migraci¨®n (INM), el cual se rige por el Reglamento de la Ley General de Poblaci¨®n para llevar a cabo los procedimientos de expulsi¨®n, como se establece en la fracci¨®n VI del art¨ªculo 27 de la Ley Org¨¢nica de la Administraci¨®n P¨²blica Federal, as¨ª como en el Reglamento Interior del INM .¹

 

9.         Cabe señalar que la diferencia entre el procedimiento de expulsi¨®n contemplado en el art¨ªculo 33 Constitucional y el del art¨ªculo 125 de la Ley General de Poblaci¨®n es que el primero es un recurso excepcional que compete exclusivamente al Ejecutivo de la Uni¨®n y no proceden los recursos de amparo y revisi¨®n; en el segundo caso se trata de una cuesti¨®n administrativa en la cual se puede acudir a los recursos legales de amparo y revisi¨®n.

 

10.       Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n, ha señalado que incluso en aplicaci¨®n del art¨ªculo 33 constitucional el Titular del Ejecutivo Federal est¨¢ obligado a fundar y motivar, raz¨®n por la cual tambi¨¦n procede el juicio de amparo. Al efecto señal¨® que:

 

"Si el art¨ªculo 33 de la propia Carta Fundamental, faculta al Ejecutivo de la Uni¨®n, en forma exclusiva, para hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de previo juicio, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, no exime a dicho alto funcionario, de la obligaci¨®n que tiene, como toda autoridad en el pa¨ªs, de fundar y motivar la causa legal de su procedimiento, por la molestia que causa con la deportaci¨®n, ya que esa garant¨ªa est¨¢ establecida por el art¨ªculo 16 de la propia Constituci¨®n. En consecuencia, sus actos no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar sujetos a las normas que la misma Carta Fundamental y las leyes establecen. Siendo as¨ª, procede el juicio de garant¨ªas contra sus determinaciones, conforme al art¨ªculo 103, fracci¨®n I, expresados, para lo cual debe seguirse el procedimiento establecido por la ley reglamentaria respectiva." ²

 

11.       Esta opini¨®n ha sido refrendada en 2005 al tenor siguiente:

 

"[¼] procede el juicio de nulidad [¼], aun cuando en ¨¦l se ordene a un extranjero que abandone el pa¨ªs; lo anterior, en virtud de que en trat¨¢ndose de esos actos, la legislaci¨®n fiscal federal no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para otorgar la suspensi¨®n del acto impugnado, pues sus consecuencias no deben confundirse con la expulsi¨®n aplicada por el presidente de la Rep¨²blica, de conformidad con el art¨ªculo 33 de la Constituci¨®n Pol¨ªtica de los Estados Unidos Mexicanos, caso en el que s¨ª resultar¨ªa procedente el juicio de garant¨ªas sin necesidad de agotar alg¨²n recurso o medio legal de defensa, pues trat¨¢ndose de tal determinaci¨®n, la legislaci¨®n de amparo, en su art¨ªculo 123, fracci¨®n I, prev¨¦ el otorgamiento de la suspensi¨®n de plano". ³

 

Recomendaci¨®n tercera (p¨¢rrafo 13 b)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado parte comunique la decisi¨®n de expulsi¨®n a los trabajadores migratorios y sus familiares en un idioma que puedan entender e indique los motivos de la decisi¨®n, salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional.

 

12.       De conformidad con el art¨ªculo 209 del Reglamento de la Ley General de Poblaci¨®n, cuando se asegura al extranjero o extranjera en la estaci¨®n migratoria en virtud de haber violado la Ley General de Poblaci¨®n, se procede de la siguiente forma:

 

a)         Se le practica examen m¨¦dico, mediante el cual se certificar¨¢n las condiciones psicof¨ªsicas del mismo;

 

b)         Se le permite comunicarse con la persona que solicite, v¨ªa telef¨®nica o por cualquier otro medio de que se disponga;

 

c)         En caso de que as¨ª lo solicite, se notifica de inmediato a su representante consular acreditado en M¨¦xico, y en caso de no contar con pasaporte se solicitar¨¢ la expedici¨®n de ¨¦ste o del documento de identidad y viaje;

 

d)         Se levanta inventario de las pertenencias que traiga consigo, mismas que se depositar¨¢n en el ¨¢rea establecida para ello;

 

e)         Desde el momento en que se asegura al migrante, se procede a tomar su declaraci¨®n mediante acta administrativa y en presencia de dos testigos, haci¨¦ndole saber los hechos que se le imputan, su derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga; ello siempre y cuando la autoridad migratoria no le hubiere tomado declaraci¨®n al momento de ser asegurado. En caso de ser necesario, se habilitar¨¢ traductor para el desahogo de la diligencia.

 

Recomendaci¨®n cuarta (p¨¢rrafo 13 c)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado parte garantice el derecho a reclamar una indemnizaci¨®n conforme a la ley cuando una decisi¨®n de expulsi¨®n ya ejecutada sea ulteriormente revocada.

 

13.       Como se indic¨® en el Informe inicial de M¨¦xico (p¨¢rrafos 48 a 51), el trabajador migratorio y sus familiares pueden optar por dos v¨ªas para obtener una reparaci¨®n efectiva: judicial y no judicial.

 

14.       Por lo que respecta a la v¨ªa no judicial, pueden recurrir ante la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica (SFP) para solicitar que se inicie un procedimiento administrativo en contra del servidor p¨²blico que dict¨® la orden de expulsi¨®n. En caso de que esa Secretar¨ªa determine la responsabilidad del servidor p¨²blico y ¨¦sta haya causado daños y perjuicios a los agraviados, ¨¦stos pueden acudir al Órgano Interno de Control del INM para que emita el dictamen correspondiente para el pago de la indemnizaci¨®n. Asimismo, cuando se haya aceptado una recomendaci¨®n de la instituci¨®n a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, en la que se proponga la reparaci¨®n de daños y perjuicios, la dependencia que corresponda se limitar¨¢ a determinarlos en cantidad l¨ªquida y emitir la orden de pago respectiva.

 

15.       Igualmente, los ofendidos pueden optar por la v¨ªa judicial y solicitarle a dicha autoridad el pago de la indemnizaci¨®n por daños y perjuicios y, en su caso, el daño moral al que se refiere el C¨®digo Civil Federal.

 

16.       Asimismo, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que entr¨® en vigor el 1 de enero de 2005, fija las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnizaci¨®n a quienes, sin obligaci¨®n jur¨ªdica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la indemnizaci¨®n deber¨¢ ajustarse a los t¨¦rminos y condiciones señalados en esta Ley y en las dem¨¢s disposiciones legales a que la misma hace referencia.

 

17.       Cabe señalar que, conforme al art¨ªculo 20 de la citada Ley, cuando una decisi¨®n de expulsi¨®n ya ejecutada sea ulteriormente revocada, no presupone por s¨ª misma un derecho a indemnizaci¨®n.

 

Recomendaci¨®n quinta (p¨¢rrafo 15)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado parte oriente sus esfuerzos a la creaci¨®n de una ley de migraci¨®n que corresponda a la nueva realidad migratoria del pa¨ªs y se ajuste a lo dispuesto por la Convenci¨®n y otros instrumentos internacionales aplicables. Esta ley deber¨¢ eliminar ‑inter alia‑ como delito penado con privaci¨®n de libertad la entrada irregular de una persona en su territorio.

 

18.       La Coordinaci¨®n Jur¨ªdica del Instituto Nacional de Migraci¨®n y la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n (SEGOB) est¨¢n formulando un proyecto para una nueva ley de migraci¨®n en la cual se contempla reformar el cap¨ªtulo de sanciones lo que incluir¨ªa derogar la migraci¨®n irregular como delito penal. Cabe destacar que en la pr¨¢ctica, no se criminaliza a los migrantes por entrar irregularmente al territorio.

 

Recomendaci¨®n sexta (p¨¢rrafo 17)

 

El Comit¨¦ alienta al Estado Parte a que estudie la posibilidad de formular la declaraci¨®n prevista en los art¨ªculos 76 y 77 de la Convenci¨®n.

 

19.       En relaci¨®n con la declaraci¨®n prevista en el art¨ªculo 77 de la Convenci¨®n, el Gobierno de M¨¦xico ha iniciado las consultas correspondientes ante las dependencias responsables del tema.

 

Recomendaci¨®n s¨¦ptima (p¨¢rrafo 19)

 

El Comit¨¦ invita al Estado Parte a que estudie la posibilidad de adherirse cuanto antes a los Convenios N.º 97 y N.º 143 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores migratorios.

 

20.       El Gobierno de M¨¦xico ha iniciado las consultas correspondientes con las dependencias responsables del tema, as¨ª como a las organizaciones m¨¢s representativas de empleadores y de trabajadores, para examinar la viabilidad de adherirse a los instrumentos.

 

Recomendaci¨®n octava (p¨¢rrafo 21)

 

El Comit¨¦ invita al Estado Parte a que contin¨²e capacitando a todos los funcionarios que trabajan en la esfera de la migraci¨®n, especialmente a nivel local, y en particular al personal del INM y de la Polic¨ªa Federal Preventiva (PFP) involucrados en la labor de apoyo al INM en materia de gesti¨®n migratoria, as¨ª como a los funcionarios de los Grupos Beta.

 

21.       En 2008, el INM implementar¨¢ un programa de capacitaci¨®n para el personal migratorio, a fin de crear el puesto de "Agente Migratorio Especializado en las Estaciones Migratorias". Con ello se mejorar¨¢ la operaci¨®n y funcionamiento de las mismas, adem¨¢s de poder ofrecer a los extranjeros alojados un trato amable con pleno respeto a sus derechos humanos.

 

22.       De enero a octubre de 2007, el INM imparti¨® 269 cursos o talleres de capacitaci¨®n con la participaci¨®n de 4,058 servidores p¨²blicos. Los temas de los cursos fueron:

 

a)         Operaci¨®n y normatividad migratoria;

 

b)            Derechos humanos;

 

c)            Trata de personas;

 

d)            Refugio de personas;

 

e)            Calidad en el servicio;

 

f)            Caracter¨ªsticas y calidades migratorias;

 

g)         Ética en el servicio;

 

h)         Detecci¨®n de documentos;

 

i)             Entrevista ‑ interrogatorio;

 

j)             Intervenci¨®n en crisis.

 

23.       Asimismo, es importante notar que el 15 de junio de 2006, el INM emiti¨® la circular CCV/023/2006, dirigida a los delegados regionales, en la que se les solicita instruir al personal a su cargo a efecto de que ejerzan sus funciones con estricto apego a la ley y respeto y defensa de los derechos humanos, sin realizar actos de discriminaci¨®n.

 

Recomendaci¨®n novena (p¨¢rrafo 22)

 

El Comit¨¦ recomienda tambi¨¦n que el Estado parte proporcione recursos adecuados, tanto financieros como humanos al INM a fin de que ¨¦ste pueda implementar adecuadamente todas las actividades previstas en su mandato en al ¨¢rea migratoria.

 

24.       Uno de los principales compromisos del gobierno de M¨¦xico, y de las m¨¢s altas prioridades, es la defensa y protecci¨®n de los derechos humanos, en particular de las personas que se encuentran en situaci¨®n de vulnerabilidad, como son los trabajadores migratorios. Por ello, el gobierno mexicano ha otorgado mayores recursos al INM para su operaci¨®n en el año 2008. El presupuesto total del INM proviene del presupuesto de egresos de la federaci¨®n, del derecho de no inmigrante⁴  y de otros derechos. Este ingreso total se increment¨® para el año 2008 en aproximadamente 60% en comparaci¨®n con lo recibido en 2007.

 

Recomendaci¨®n d¨¦cima (p¨¢rrafo 24 a)

 

El Comit¨¦ alienta al Estado Parte a intensificar sus esfuerzos para asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicci¨®n los derechos previstos en la Convenci¨®n sin distinci¨®n alguna, de conformidad con el art¨ªculo 7.

 

25.       Como se indic¨® en el informe inicial, el art¨ªculo 1¡ã de la Constituci¨®n Pol¨ªtica proh¨ªbe toda discriminaci¨®n motivada por origen ¨¦tnico o nacional, el g¨¦nero, la edad, las capacidades diferentes, la condici¨®n social, las condiciones de salud, la religi¨®n, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

 

26.       Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala el concepto de trabajador, sin hacer distinciones de ninguna clase. En efecto en su art¨ªculo 8 dispone que trabajador es la persona f¨ªsica que presta a otra, f¨ªsica o moral, un trabajo personal subordinado. Asimismo, en el art¨ªculo 3, segundo p¨¢rrafo, se dispone que no podr¨¢n establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina pol¨ªtica o condici¨®n social.

 

27.       Cabe destacar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminaci¨®n, publicada el 11 de julio de 2003, en cuyo texto se reitera la prohibici¨®n de discriminar por cualquier motivo, se promueve el respeto integral y universal de los derechos humanos y se fomenta una nueva cultura de reconocimiento y combate a la discriminaci¨®n.

 

28.       Por su parte, el INM, a trav¨¦s de la Coordinaci¨®n de Delegaciones emite folletos informativos respecto a las garant¨ªas de los migrantes y sus familiares, los cuales son distribuidos por los grupos Beta y en las estaciones migratorias. Asimismo, se capacita al personal de dichas estaciones para que proporcionen informaci¨®n adecuada, adem¨¢s de los folletos y para que est¨¦n en condiciones de responder cualquier duda que surja sobre los derechos de los migrantes.

 

Recomendaci¨®n 11.ª (p¨¢rrafo 24 b)

 

El Comit¨¦ alienta al Estado Parte a intensificar sus esfuerzos promoviendo campañas para sensibilizar a los funcionarios p¨²blicos que trabajan en el ¨¢rea migratoria, especialmente a nivel local, as¨ª como al p¨²blico en general contra la discriminaci¨®n de los migrantes y combatir su estigmatizaci¨®n y marginalizaci¨®n social, incluyendo en estas acciones a los medios de comunicaci¨®n.

 

29.       Los cursos de capacitaci¨®n del INM que as¨ª lo requieren son diseñados con un enfoque de g¨¦nero y de respeto por los derechos humanos y son impartidos a funcionarios de orden local, por lo que las pr¨¢cticas discriminatorias tienden a ser inhibidas con las actividades del Centro de Capacitaci¨®n Migratoria. Este enfoque se incorpora en los cursos citados en la recomendaci¨®n octava.

 

Recomendaci¨®n 12.ª (p¨¢rrafo 26 a)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado parte garantice que En la legislaci¨®n y en la pr¨¢ctica los trabajadores migratorios y sus familiares, incluso los que est¨¢n en situaci¨®n irregular, tengan los mismos derechos que los nacionales del Estado Parte para presentar denuncias y acceder a mecanismos de reparaci¨®n ante los tribunales de justicia.

 

30.       Del Art¨ªculo 1¡ã de la Constituci¨®n Pol¨ªtica de los Estados Unidos Mexicanos se desprende de manera clara que no existe distinci¨®n alguna entre nacionales y extranjeros, mucho menos entre migrantes con situaci¨®n regular y migrantes irregulares para el acceso a la justicia y a un recurso efectivo.

 

31.       Por otra parte, en la Circular 01/2005 del INM, se instruye a los delegados regionales para que, en caso de tener conocimiento de maltrato o extorsi¨®n por parte de las autoridades, se presente al migrante ante la autoridad ministerial competente para efecto de que presente la denuncia correspondiente.

 

 

Recomendaci¨®n 13.ª (p¨¢rrafo 26 b)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado parte garantice que toda persona cuyos derechos o libertades, reconocidos en la presente Convenci¨®n, hayan sido violados pueda obtener una reparaci¨®n efectiva.

 

32.       Respecto al acceso a mecanismos de reparaci¨®n, se reitera la informaci¨®n presentada por M¨¦xico al Comit¨¦ (informe inicial, p¨¢rrafos 48 a 50), en los que se señala que en M¨¦xico est¨¢ garantizado el derecho de un particular a una reparaci¨®n efectiva, en caso de que el Estado incurra en alguna responsabilidad. En ese sentido, el 14 de junio de 2002, se public¨® en el Diario Oficial de la Federaci¨®n el Decreto por el que se reforma al art¨ªculo 113 constitucional que define la responsabilidad del Estado de reparar el daño de la siguiente manera:

 

"La responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular, causa en los bienes o derechos de los particulares ser¨¢ objetiva y directa. Los particulares tendr¨¢n derecho a una indemnizaci¨®n conforme a las bases, l¨ªmites y procedimientos que establezcan las leyes."

 

33.       Con la reforma, se establece que la responsabilidad del Estado por las actuaciones de sus funcionarios en ejercicio quedar¨¢ probada con el daño que con motivo de la actividad administrativa irregular se haya causado en los bienes o derechos de los particulares, a diferencia de la regulaci¨®n actual en materia civil en la que se estipula que la responsabilidad del Estado queda sujeta a la comprobaci¨®n de la actuaci¨®n irregular de sus funcionarios.

 

34.       Como resultado de la reforma, el 31 de diciembre de 2004 se public¨® en el Diario Oficial de la Federaci¨®n la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, reglamentaria del segundo p¨¢rrafo del art¨ªculo 113 Constitucional, la cual tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnizaci¨®n a quienes, sin obligaci¨®n jur¨ªdica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

 

Recomendaci¨®n 14.ª (p¨¢rrafo 28 a)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado Parte siga tomando medidas para mejorar las condiciones de detenci¨®n en las estaciones migratorias de conformidad con los est¨¢ndares internacionales y solucionar el problema del hacinamiento.

 

35.       El INM opera desde 2003 un proyecto integral para mejorar las condiciones f¨ªsicas de las estaciones migratorias, con el fin de poder ofrecer a los extranjeros alojados en ellas mejores condiciones durante su estancia y permanencia temporal.

 

36.       En abril de 2004 el INM cre¨® la Direcci¨®n de Estaciones Migratorias, para lograr los objetivos permanentes de mejora en dichos inmuebles y supervisar el debido trato y respeto a los extranjeros, en apego a la dignidad de las personas y al pleno respeto de sus derechos humanos. Esta Direcci¨®n asume el liderazgo del proyecto del Programa de Dignificaci¨®n de Estaciones Migratorias, a fin de coordinar los esfuerzos de las diferentes ¨¢reas del Instituto para la ejecuci¨®n del mismo, en materia de mantenimiento preventivo y correctivo, equipamiento t¨¦cnico e inform¨¢tico, comunicaci¨®n y telefon¨ªa, servicios para los extranjeros, alimentaci¨®n, personal migratorio, capacitaci¨®n y la construcci¨®n de nuevas estaciones migratorias, entre otros.

 

37.       De 2003 a 2007, el programa ha tenido importantes avances. Por ejemplo, en 2003 se construyeron dos estaciones migratorias y se dignificaron 23; en 2004, se construyeron cuatro y se dignificaron 18; en 2005, se construy¨® una y se dignificaron 11; en 2006, se construy¨® una y se dignificaron 22; y en 2007 se construyeron dos y se dignificaron diez. Actualmente, el INM cuenta con 47 estaciones migratorias en 23 Estados de la Rep¨²blica Mexicana . ⁵

 

38.       La construcci¨®n de nuevas estaciones ha sido de la siguiente manera: en 2003, Tijuana (Baja California) y Los Cabos (Baja California Sur); en 2004, Aguascalientes (Aguascalientes), Mexicali (Baja California), San Crist¨®bal de las Casas (Chiapas), Tlaxcala (Tlaxcala); en 2005, Puebla (Puebla); en 2006, Quer¨¦taro (Quer¨¦taro).

 

39.       En marzo y junio de 2007 se termin¨® la construcci¨®n de dos nuevas estaciones migratorias en Janos (Chihuahua) y Acayucan (Veracruz); esta ¨²ltima entr¨® en funcionamiento a partir de enero de 2008.

 

40.       Para la Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la visita a las estaciones migratorias contin¨²a siendo uno de los instrumentos de mayor eficacia para conocer el comportamiento del fen¨®meno migratorio, dialogar con los migrantes y recabar sus quejas, as¨ª como para medir e impulsar la mejora en la calidad del funcionamiento de estas instalaciones.

 

41.       Durante el año 2007 la CNDH realiz¨® 1.308 visitas a las estaciones migratorias, lugares habilitados y puntos de revisi¨®n, en donde se efectuaron 2.122 gestiones a favor de los derechos humanos de los migrantes. Adem¨¢s, a trav¨¦s de estas visitas se dio seguimiento a las observaciones y sugerencias plasmadas en el "Informe general sobre el estado que guardan los derechos humanos de los migrantes en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migraci¨®n", publicado por la CNDH en diciembre de 2005.

 

42.       Cabe señalar que cuando durante las visitas a las estaciones migratorias se registran deficiencias en materia de atenci¨®n m¨¦dica, dormitorios dignos y apropiados, ¨¢reas especiales para personas con enfermedades infectocontagiosas, personal femenino para la custodia de las aseguradas, colchones y cobertores para los asegurados e instalaciones sanitarias higi¨¦nicas y con funcionamiento adecuado, se gestionan ante el responsable las medidas respectivas y se logran soluciones inmediatas a peticiones de los asegurados no atendidas, relativas a derechos humanos.

 

Recomendaci¨®n 15.ª (p¨¢rrafo 28 b)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado Parte no utilice para el aseguramiento de migrantes locales destinados a la detenci¨®n preventiva y/o a la privaci¨®n de libertad de personas en conflicto con la ley.

 

43.       En febrero de 2007, el INM a trav¨¦s del oficio circular 002/2007, instruy¨® a las delegaciones regionales para que a partir del 1.¡ã de marzo de 2007 por ning¨²n motivo o raz¨®n habiliten cualquier centro de detenci¨®n, ya sea c¨¢rceles estatales, municipales o federales, como estaciones migratorias.

 

44.       En cumplimiento del art¨ªculo 208 del Reglamento de la Ley General de Poblaci¨®n, que define a las estaciones migratorias como instalaciones f¨ªsicas a cargo del INM, su poblaci¨®n ¨²nicamente est¨¢ compuesta por migrantes en situaci¨®n irregular, sin que se encuentren mezclados con personas privadas de su libertad por situaciones distintas a las señaladas. Adem¨¢s, se ha implementado el Programa de Dignificaci¨®n de Estaciones Migratorias, mediante el cual los inmuebles destinados a la detenci¨®n, propiedad del INM, han sido acondicionados para que se ofrezca un trato digno a los migrantes.

 

Recomendaci¨®n 16.ª (p¨¢rrafo 28 c)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado Parte investigue las denuncias de malos tratos y tratos crueles y degradantes cometidos por funcionarios p¨²blicos en las estaciones migratorias y sancione a los responsables.

 

45.       La CNDH, a trav¨¦s de la Quinta Visitadur¨ªa, atiende las quejas relacionadas con el fen¨®meno migratorio, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de colaboraci¨®n con las autoridades federales y locales correspondientes, as¨ª como con los organismos p¨²blicos de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales comprometidos en la materia.

 

46.       A fin de brindar mejor atenci¨®n a las quejas por violaciones a los derechos humanos, la CNDH ha instalado oficinas en distintos puntos de las fronteras norte y sur de M¨¦xico, as¨ª como en el centro del pa¨ªs. De esta manera, existen oficinas regionales ubicadas en Tijuana (Baja California); Ciudad Ju¨¢rez (Chihuahua); Nogales (Sonora); Reynosa (Tamaulipas); Campeche (Campeche); Tapachula y San Crist¨®bal de las Casas (Chiapas); Coatzacoalcos (Veracruz); Villahermosa (Tabasco) y Aguascalientes (Aguascalientes). En esos sitios tambi¨¦n se cuenta con unidades m¨®viles (ombudsm¨®vil) que recorren las zonas de mayor afluencia de migrantes, con el prop¨®sito de lograr un mayor acercamiento para la recepci¨®n de quejas y la implementaci¨®n de acciones de promoci¨®n.

 

47.       Existe un creciente levantamiento de quejas por parte de la CNDH (30% en 2005, 34,5% en 2006 y 56,6% en 2007). Buena parte de estas quejas se solucionan durante el tr¨¢mite correspondiente, o son concluidas por falta de elementos suficientes para acreditar violaciones a los derechos humanos.

 

48.       Las ¨²ltimas denuncias presentadas en diciembre de 2007 respecto a malos tratos y tratos crueles por funcionarios p¨²blicos en estaciones migratorias se encuentran en un proceso administrativo.

 

49.       Cabe señalar que el INM facilita a los agraviados la manera de hacer llegar sus denuncias mediante: buzones de la Organizaci¨®n Interna de Control en las estaciones migratorias, visitadur¨ªas de la CNDH y los grupos beta.

 

50.       Asimismo, el INM facilita oficinas en las estaciones migratorias para que los funcionarios de la CNDH desarrollen sus funciones de supervisi¨®n.

 

51.       En 2007 la CNDH emiti¨® nueve recomendaciones sobre quejas relativas a la protecci¨®n de migrantes.

 

a)         Recomendaci¨®n 1/2007, sobre el aseguramiento de migrantes en c¨¢rceles de los municipios de Hermosillo y Caborca (Sonora), dirigida al INM. En respuesta a dicha recomendaci¨®n, el INM instruy¨® a sus delegaciones regionales para que a partir del 1.¡ã de marzo de 2007 se abstuvieran de habilitar cualquier centro de detenci¨®n como estaci¨®n migratoria. Esta Recomendaci¨®n se considera totalmente cumplida;

 

b)         Recomendaci¨®n 17/2007, sobre el caso de Abraham Oseguera Flores y otros extranjeros de origen centroamericano, dirigida al INM, al acreditarse que servidores p¨²blicos del Instituto vulneraron los derechos a la legalidad y a la seguridad jur¨ªdica de los agraviados. El INM atendi¨® la recomendaci¨®n de la CNDH en cumplimiento de los puntos recomendados primero, segundo, cuarto, quinto y sexto. Asimismo, la CNDH notific¨® que determin¨® concluir el seguimiento a la recomendaci¨®n y tenerla como aceptada con cumplimiento insatisfactorio, toda vez que no se acept¨® el punto tercero, quedando ¨²nicamente pendiente el dar vista al Agente del Ministerio P¨²blico Federal a efecto de que realizaran las indagatorias correspondientes;

 

c)         Recomendaci¨®n 25/2007 sobre el caso de los menores migrantes guatemaltecos que laboran en el basurero municipal y en las calles de Tapachula (Chiapas), dirigida al Presidente Municipal Constitucional de Tapachula (Chiapas) y al INM. Esta Recomendaci¨®n se considera parcialmente cumplida.

 

d)         Recomendaci¨®n 29/2007 sobre el caso de la señora Norma Mireyda Contreras Castro y de su hija reci¨¦n nacida, dirigida al INM. Esta Recomendaci¨®n se considera parcialmente cumplida;

 

e)         Recomendaci¨®n 35/2007 sobre el caso de los señores Orosm¨¢n Marcelino Cabrera Barn¨¦s y Yordy Gamez Olivier, dirigida al INM. Esta Recomendaci¨®n se considera parcialmente cumplida;

 

f)         Recomendaci¨®n 36/2007 sobre el caso del migrante Mart¨ªn Antonio Figueroa Landaverde y otros extranjeros de nacionalidad salvadoreña, dirigida al INM. Esta Recomendaci¨®n se considera parcialmente cumplida;

 

g)         Recomendaci¨®n 63/2007 en relaci¨®n con el caso sobre la pr¨¢ctica del hisopo rectal a extranjeros en la estaci¨®n migratoria del INM en Saltillo (Coahuila). Dirigida al gobierno del Estado de Coahuila y al INM. Por lo que se refiere al INM, se considera aceptada, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento, y en relaci¨®n con el gobierno del estado, se encuentra en tiempo de ser contestada;

 

h)         Recomendaci¨®n 64/2007 sobre el caso de los señores AMP y otros migrantes guatemaltecos, dirigida al INM. Se considera aceptada, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento;

 

i)          Recomendaci¨®n 65/2007 en relaci¨®n con los hechos ocurridos en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, en agravio del padre Alejandro Solalinde Guerra y migrantes de origen centroamericano, dirigida a la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR), el gobierno del Estado de Oaxaca, el ayuntamiento municipal de Ciudad Ixtepec (Oaxaca). Esta Recomendaci¨®n se considera en tiempo de ser contestada por todas las autoridades mencionadas.

 

Recomendaci¨®n 17.ª (p¨¢rrafo 28 d)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado Parte informe sin demora a las autoridades consulares o diplom¨¢ticas del Estado de origen cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado o detenido, si ¨¦ste lo solicita;

 

52.       Como se indic¨® en el informe inicial, el Gobierno mexicano cumple cabalmente con lo establecido en la Convenci¨®n de Viena sobre Relaciones Consulares.

 

53.       El 28 de agosto de 2006 el INM emiti¨® la circular CCV/033/2006 en la que instruye a las delegaciones regionales a actuar de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Consultor¨ªa Jur¨ªdica de la Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores, que consistieron en informar al extranjero sin dilaci¨®n y por escrito, sobre su derecho para que el Consulado de su pa¨ªs sea notificado de su aseguramiento y apelar a dicho derecho, por lo que las autoridades migratorias deber¨¢n realizar la correspondiente notificaci¨®n por escrito y sin demora alguna, manteniendo un registro de la misma. De igual modo, se notifica al asegurado de su derecho a comunicarse y recibir la visita de su oficial consular.

 

54.       El INM ha sostenido reuniones con los Agentes Consulares de la Embajada de los Estados Unidos sobre la importancia de la notificaci¨®n consular.

 

55.       Asimismo, ha llevado a cabo entrevistas con representantes de diversos Consulados acreditados en M¨¦xico, en particular con los de Argentina, Canad¨¢, España, Francia, Guatemala, India e Italia, en las que se han abordado temas respecto de sus nacionales asegurados, como el reconocimiento y expedici¨®n de documentos de viaje, informaci¨®n sobre el procedimiento migratorio, as¨ª como asuntos especiales relativos a la trata de personas.

 

56.       El 8 de mayo de 2007 se realiz¨® un desayuno de trabajo con todo el Cuerpo Consular acreditado en M¨¦xico con la finalidad de estrechar las relaciones con el INM y dar a conocer el criterio que utiliza el Instituto en cuanto al mecanismo de notificaci¨®n consular. Al respecto, se hizo del conocimiento de los participantes que se respetar¨ªa el derecho de cada persona asegurada a decidir si desea que se le informe al Consulado correspondiente sobre su aseguramiento. Esta forma de operar del INM est¨¢ fundamentada en el Art¨ªculo 36 de la Convenci¨®n de Viena sobre Relaciones Consulares y contribuye, adem¨¢s, a proteger a aqu¨¦llos que buscan obtener la calidad de refugiado por sufrir la violaci¨®n de sus derechos humanos en su pa¨ªs de origen.

 

 

 

 

Recomendaci¨®n 18.ª (p¨¢rrafo 28 e)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado Parte asegure que los migrantes permanezcan privados de la libertad durante el menor tiempo posible.

 

57.       De conformidad con el art¨ªculo 7 del Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del INM, el tiempo m¨¢ximo de estancia de un migrante asegurado en una estaci¨®n migratoria, no puede exceder de 90 d¨ªas, señalando las excepciones a dicho t¨¦rmino. Sin embargo, y con la finalidad de acotar el mismo, se han realizado acciones para que el procedimiento migratorio administrativo sea expedito y as¨ª agilizar la regularizaci¨®n, expulsi¨®n o repatriaci¨®n de los extranjeros asegurados.

 

58.       En este sentido y como resultado de la firma del Memor¨¢ndum de entendimiento entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la Rep¨²blica de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, cuyo objetivo es establecer un mecanismo regional de cooperaci¨®n que garantice la repatriaci¨®n digna, ordenada, ¨¢gil y segura de nacionales centroamericanos migrantes v¨ªa terrestre y que se encuentren a disposici¨®n de las autoridades migratorias mexicanas, se ha generado que la estancia de migrantes de origen centroamericano en las estaciones migratorias sea aproximadamente de 24 a 48 horas, a excepci¨®n de aquellos que cuenten con alg¨²n impedimento legal o administrativo para abandonar la estaci¨®n.

 

59.       Cabe mencionar que la estancia del migrante asegurado tambi¨¦n depende de la cooperaci¨®n de sus representaciones consulares y diplom¨¢ticas. En caso de que no cuente con representaci¨®n consular en M¨¦xico, su estancia en la estaci¨®n migratoria se alarga, ya que se tiene que recurrir a las representaciones concurrentes en los Estados Unidos de Am¨¦rica a fin de obtener los documentos de identidad y viaje necesarios, para finalizar el procedimiento al que se encuentre sujeto el extranjero.

 

Recomendaci¨®n 19.ª (p¨¢rrafo 30)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado Parte contin¨²e e intensifique sus esfuerzos para abordar urgentemente el problema de los malos tratos y otros actos de violencia contra trabajadores migratorios y sus familiares independientemente de qui¨¦n los cometa.

En particular, el Comit¨¦ insta al Estado parte que garantice la investigaci¨®n de dichos actos y que los responsables sean procesados y sancionados.

 

60.       El Ministerio P¨²blico es el ¨®rgano facultado para decidir si se contin¨²a con el proceso de sanci¨®n ante las quejas presentadas por la CNDH.

 

61.       En el periodo comprendido de agosto de 2005 al 24 de octubre de 2007, la CNDH recibi¨® 908 quejas referentes a migrantes, de las cuales, en 431 se señala que las violaciones a derechos humanos se cometieron en estaciones migratorias. En total, en el periodo comprendido entre el 1.º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007, la CNDH recibi¨® 1.278 quejas de migrantes, de las cuales se concluyeron 1.140, y 138 se encuentran en tr¨¢mite. De las quejas concluidas, 22 lo fueron por Recomendaci¨®n, toda vez que la CNDH acredit¨® violaci¨®n a los derechos de los migrantes, al derecho a la legalidad y a la seguridad jur¨ªdica y trato cruel y/o degradante, entre otras.

62.       De estas Recomendaciones, siete se encuentran totalmente cumplidas; diez parcialmente cumplidas, dos aceptadas, en tiempo para presentar pruebas de cumplimiento, una en tiempo de ser contestada por las autoridades destinatarias, una con cumplimiento insatisfactorio y una no aceptada.

 

63.       Adem¨¢s de las Recomendaciones, cabe señalar que, entre otras formas de conclusi¨®n de las quejas se hallan: la orientaci¨®n, con 612 quejas, y la amigable conciliaci¨®n, con 199 quejas.

 

Recomendaci¨®n 20.ª (p¨¢rrafo 32)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado parte, y m¨¢s precisamente el INM, vigilen adecuadamente que la verificaci¨®n migratoria y el aseguramiento de migrantes sea realizado exclusivamente por las autoridades facultadas para hacerlo y que cada violaci¨®n en este sentido sea denunciada oportunamente.

 

64.       A fin de evitar verificaciones migratorias realizadas por diversas autoridades federales, estatales y municipales, el INM emiti¨® las circulares INM/CCV/017/2006 (8 de mayo de 2006), INM/CCV/043/06 (4 de diciembre de 2006), INM/CCV/006/2007 (6 de marzo de 2007) e INM/CCV/007/2007 (6 de marzo de 2007), por las cuales instruye a las delegaciones regionales para que cuando sea puesto a su disposici¨®n cualquier extranjero, se determine si la autoridad que lo remite actu¨® dentro de los supuestos que establecen la Ley General de Poblaci¨®n y su Reglamento y, de no ser as¨ª, se formule denuncia de hechos ante la autoridad ministerial correspondiente, por la probable comisi¨®n de conductas il¨ªcitas por parte de la autoridad que se encuentre efectuando detenciones fuera del marco de la ley, conforme lo ordena el art¨ªculo 117 del C¨®digo Federal de Procedimientos Penales, y que tambi¨¦n se d¨¦ vista a las respectivas Contralor¨ªas para que se investigue si se incurri¨® en alguna responsabilidad administrativa.

 

65.       De conformidad con el art¨ªculo 151 de la Ley General de Poblaci¨®n ⁶, es facultad exclusiva de la autoridad migratoria y de la Polic¨ªa Federal la pr¨¢ctica de verificaciones migratorias. No obstante lo anterior, cabe señalar que de conformidad con diversos ordenamientos ⁷, la Secretar¨ªa de Marina‑Armada de M¨¦xico tiene encomendado entre otros asuntos, ejercer funciones de polic¨ªa mar¨ªtima, por lo que forzosamente tiene que ejecutar operaciones, practicando visitas e inspecciones a cualquier embarcaci¨®n o unidad terrestre, con el objeto de verificar que est¨¦n cumpliendo con el estado de derecho en la mar y sus costas.

 

66.       Derivado de una inspecci¨®n o visita de esta naturaleza, es posible que el personal se percate de alguna conducta il¨ªcita, como puede ser que se encuentren a bordo extranjeros que no puedan justificar su estancia legal en el territorio nacional. En estos casos se procede a efectuar la detenci¨®n de la o las personas que participan en la comisi¨®n del delito, poni¨¦ndolas a disposici¨®n de las autoridades competentes.

 

67.       En 2006 el INM emiti¨® el Manual de Procedimientos en Materia de Control y Verificaci¨®n Migratoria, con el prop¨®sito de definir las atribuciones y facultades de las autoridades que llevan a cabo las acciones de control y verificaci¨®n migratorias en la Rep¨²blica Mexicana, en el que se describen los nueve procedimientos migratorios que las ¨¢reas operativas del INM llevan a cabo a lo largo del territorio nacional, eliminando con esto, la discrecionalidad en los procedimientos operativos en cuanto al aseguramiento, rechazo y devoluci¨®n de extranjeros en situaci¨®n migratoria irregular.

 

68.      El 11 de abril del 2006, el INM emiti¨® la Circular INM/CCV/018/2006, dirigida a las delegaciones regionales, en la que se precisan las formalidades que deben cumplir las actuaciones del personal migratorio durante la pr¨¢ctica de visitas de verificaci¨®n.

 

69.       El 9 de mayo de 2005 se emiti¨® la Circular INM/CCV/001/2005, en la cual se establecen las formalidades que deben de seguirse para el aseguramiento de migrantes.

 

70.       Asimismo, en 2006 se implement¨® el Programa Integral de Supervisi¨®n (PIS), a cargo de la Direcci¨®n de Control y Verificaci¨®n Migratoria, en el cual se realizan visitas de supervisi¨®n a las delegaciones regionales, especialmente en lo que respecta a los diversos procedimientos en materia de control y verificaci¨®n migratoria, programa que se continu¨® en 2007, retomando las observaciones realizadas a efecto de verificar que ¨¦stas hayan sido atendidas.

 

71.       En el marco del Plan Estrat¨¦gico del INM, la Coordinaci¨®n de Delegaciones contribuye en la L¨ªnea Estrat¨¦gica de Trabajo que se refiere a mejorar la prestaci¨®n de servicios migratorios a trav¨¦s del PIS, cuya finalidad es diagnosticar las necesidades de operaci¨®n de las Delegaciones Regionales; supervisar la aplicaci¨®n puntual de las disposiciones normativas; identificar y replicar las mejores pr¨¢cticas y lograr la homologaci¨®n de procedimientos.

 

72.       Durante la etapa de implementaci¨®n del PIS se tiene programada la realizaci¨®n de 16 visitas. El estado de las mismas se detalla en la siguiente tabla:

 

 

73.       Por otra parte, el 17 de noviembre de 2006, la CNDH emiti¨® la Recomendaci¨®n General 13 sobre la pr¨¢ctica de verificaciones migratorias ilegales ⁸, dirigida a la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n, de la Defensa Nacional y de Marina‑Armada de M¨¦xico, a la PGR, a las Gubernaturas de los estados y a la Jefatura de gobierno del Distrito Federal.

 

74.       La Recomendaci¨®n, expedida en el marco de las acciones derivadas del Programa de Atenci¨®n a Migrantes a cargo de la CNDH, señala que elementos policiales de distintas corporaciones federales, locales y municipales y de los institutos armados, realizaron operativos que tienen por objeto verificar la situaci¨®n migratoria de extranjeros que se encuentran en territorio nacional, sin contar con las facultades para ello, lo cual trae como consecuencia su detenci¨®n administrativa ilegal, remisi¨®n a la autoridad migratoria y posterior aseguramiento por parte del INM.

75.       La CNDH recomend¨® que se ordenara a los servidores p¨²blicos de las dependencias señaladas y de la Agencia Federal de Investigaci¨®n que se abstuvieran de realizar acciones de verificaci¨®n migratoria al margen de la ley, en contra de los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional y, por ende, que en forma inmediata cesaran las detenciones derivadas de ello, sin perjuicio de prestar colaboraci¨®n debida al INM cuando fuera expresamente requerido en t¨¦rminos de la ley.

 

Recomendaci¨®n 21.ª (p¨¢rrafo 34)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado Parte contin¨²e tomando medidas adecuadas para proteger a las mujeres trabajadoras dom¨¦sticas, inclusive el acceso a una situaci¨®n migratoria regular y un involucramiento m¨¢s frecuente y sistem¨¢tico de las autoridades laborales en la supervisi¨®n de sus condiciones de trabajo.

 

76.       El trabajo dom¨¦stico en M¨¦xico est¨¢ regulado en los art¨ªculos 331 al 343 de la Ley Federal del Trabajo, en los que se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores dom¨¦sticos y de sus empleadores. Dicha legislaci¨®n es aplicable a cualquier trabajador sin importar su condici¨®n migratoria.

 

77.       Por otra parte, se estima que una medida adoptada por el Gobierno de M¨¦xico para combatir los abusos y malos tratos a las mujeres trabajadoras dom¨¦sticas, se encuentra plasmada en la nueva Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (publicada en el Diario Oficial de la Federaci¨®n el 1.º de febrero de 2006).

 

78.       De conformidad con lo previsto por el art¨ªculo 1, dicha Ley tiene por objeto establecer la coordinaci¨®n entre la Federaci¨®n, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, as¨ª como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminaci¨®n, as¨ª como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberan¨ªa y el r¨¦gimen democr¨¢tico establecidos en la Constituci¨®n Pol¨ªtica de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones de la ley son de orden p¨²blico, e inter¨¦s social y de observancia general en la Rep¨²blica Mexicana.

 

79.       Esta Ley busca proteger a las mujeres que sufran, entre otros tipos, la violencia econ¨®mica, conceptualizada como acci¨®n u omisi¨®n del agresor que afecta la supervivencia econ¨®mica de la v¨ªctima. Se manifiesta a trav¨¦s de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones econ¨®micas, as¨ª como la percepci¨®n de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

 

80.       En el T¨ªtulo II, "Modalidades de la Violencia", Cap¨ªtulo II, "De la Violencia Laboral y Docente", se detallan los aspectos que tendr¨¢ la protecci¨®n hacia las mujeres trabajadoras.

 

81.       A fin de fortalecer las acciones que garanticen las condiciones laborales de las trabajadoras migrantes, la Secretar¨ªa del Trabajo y Previsi¨®n Social (STPS) lleva a cabo las siguientes actividades de manera permanente:

 

a)         La difusi¨®n de los derechos y obligaciones laborales de las personas empleadas dom¨¦sticas;

 

b)         Campañas de revaloralizaci¨®n del trabajo dom¨¦stico en las acciones de conciliaci¨®n trabajo‑familia.

 

82.       Tomando en consideraci¨®n que el trabajo dom¨¦stico es frecuentemente desarrollado por niñas menores de 18 años, en el marco del proyecto de coordinaci¨®n con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la STPS, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolog¨ªa Social, la Universidad Pedag¨®gica Nacional y la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT) participaron en la revisi¨®n de la propuesta de investigaci¨®n "El trabajo infantil y adolescente dom¨¦stico en hogares de terceros en la Ciudad de M¨¦xico".

 

83.       A partir de ello, se elabor¨® el documento "Recomendaciones de Pol¨ªticas P¨²blicas para la Atenci¨®n del Trabajo Infantil y Adolescente Dom¨¦stico en Hogares de Terceros", misma que, si bien no se refiere a trabajadores extranjeros, les beneficiar¨¢n con las acciones que al efecto se deriven.

 

84.       Por otra parte, bajo el esquema del Programa Frontera Sur que anunci¨® al inicio de su gesti¨®n el Presidente Felipe Calder¨®n Hinojosa, se contempla que, en el corto plazo, las mujeres guatemaltecas que se desarrollan en el sector comercial y dom¨¦stico en la frontera sur de M¨¦xico, se beneficien con la emisi¨®n de una Forma Migratoria de Trabajadores Fronterizos, lo que permitir¨¢ el ingreso documentado de trabajadores y trabajadoras extranjeras, para que aporten su esfuerzo en varios sectores de las econom¨ªas estatales de la frontera sur de una manera ordenada y as¨ª ser¨¢ m¨¢s sencillo lograr la salvaguarda de sus derechos humanos y laborales.

 

85.       Al respecto, el Centro de Estudios Migratorios informa que se realiz¨® una ampliaci¨®n del Programa de Regularizaci¨®n Migratoria en 2006, con la reducci¨®n de requisitos para guatemaltecos afectados por el hurac¨¢n Stan en Chiapas, para facilitar su legal estancia en el territorio nacional y la protecci¨®n de sus derechos como trabajadores o familiares de ¨¦stos.

 

86.       Asimismo, se habilitaron las instalaciones de "Casa Roja" en Talism¨¢n (Chiapas), para la expedici¨®n de la Forma Migratoria de Visitante Agr¨ªcola en noviembre de 2006, con objeto de tener mejores condiciones de infraestructura y tecnolog¨ªa para facilitar el proceso de documentaci¨®n de estos trabajadores.

 

87.       La nueva Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo sustituir¨¢ a la Forma Migratoria de Visitante Agr¨ªcola. Esta nueva Forma permitir¨¢ a todos los guatemaltecos obtener un permiso de trabajo temporal para laborar en los cuatro estados colindantes con la frontera sur de M¨¦xico: Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche. Asimismo, podr¨¢n trabajar en todos los sectores de la econom¨ªa de la regi¨®n, siempre y cuando tengan una oferta de trabajo de un empleador mexicano (sector agr¨ªcola, construcci¨®n, comercio, servicio dom¨¦stico y otros). La circular donde se externan los criterios para la expedici¨®n de esta nueva forma migratoria, as¨ª como los requisitos, tr¨¢mites, garant¨ªas, derechos y obligaciones fue publicada en enero de 2008.

 

88.       El proyecto de Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF) es parte del Plan de Reordenamiento de la Frontera Sur del gobierno del Presidente Felipe Calder¨®n con el objetivo de regular la migraci¨®n e invertir en recursos humanos y financieros en materia de seguridad. El proceso para su aprobaci¨®n es el siguiente:

 

a)         Elaboraci¨®n de la Forma Migratoria;

 

b)         Aprobaci¨®n del proyecto por parte de la Coordinaci¨®n Jur¨ªdica del INM;

 

c)         Aval del proyecto por parte de la Unidad de Asuntos Jur¨ªdicos de la SEGOB;

 

d)         Consentimiento del proyecto por parte de la Comisi¨®n Federal de Mejora Regulatoria;

 

e)         Publicaci¨®n en el Diario Oficial de la Federaci¨®n, lo cual implica que ya se puede empezar a utilizar esta nueva forma.

 

89.       Actualmente, la FMTF se encuentra entre las etapas tercera y cuarta. La Unidad de Asuntos Jur¨ªdicos est¨¢ en proceso de revisi¨®n para posteriormente enviarla a la COFEMER. Paralelamente a este proceso jur¨ªdico, se est¨¢n llevando a cabo programas piloto en el estado de Chiapas para probar el sistema que se utilizar¨¢ para su expedici¨®n, diseño y publicaci¨®n.

 

90.       Tentativamente, se espera que la FMTF ya se comience a utilizar en Junio ‑ Julio de 2008, ya que adem¨¢s del proceso jur¨ªdico es necesaria la liberaci¨®n de recursos y contar con los equipos necesarios.

 

Recomendaci¨®n 22.ª (p¨¢rrafo 34)

 

El Comit¨¦ recomienda que las mujeres trabajadoras migratorias del servicio dom¨¦stico puedan acceder a mecanismos de denuncia contra los empleadores y que todos los abusos, incluso los malos tratos, sean investigados y sancionados.

 

91.       Cabe destacar que en M¨¦xico el acceso a la justicia no se restringe por la condici¨®n migratoria, de tal manera que los trabajadores dom¨¦sticos tienen alternativa de asesor¨ªa, denuncia y conciliaci¨®n en diferentes instancias, tales como:

 

a)        La Procuradur¨ªa Federal de la Defensa del Trabajo, en el orden federal, que asesora, orienta y concilia, en su caso, a las partes en caso de denuncia laboral de personas trabajadoras dom¨¦sticas. Por su parte, las Procuradur¨ªas Estatales de Defensa del Trabajo tambi¨¦n representan jur¨ªdicamente a las trabajadoras dom¨¦sticas, lo que garantiza el acceso de dichas personas a mecanismos de denuncia contra los empleadores y a la consiguiente investigaci¨®n y sanci¨®n;

 

b)         Los servicios de inspecci¨®n a nivel local, que vigilan el cumplimiento de las normas de trabajo; facilitan informaci¨®n t¨¦cnica y asesoran a los trabajadores y a los empleadores sobre la manera m¨¢s efectiva de cumplir las normas de trabajo, y ponen en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo que observen en las empresas y establecimientos;

 

c)         Las Juntas Locales de Conciliaci¨®n y Arbitraje, que se encargan de dirimir las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, las cuales est¨¢n formadas por igual n¨²mero de representes de los obreros y de los empleadores, bajo la rector¨ªa de un representante gubernamental.

 

Recomendaci¨®n 23.ª (p¨¢rrafo 36)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas necesarias, incluso enmiendas legislativas, para garantizar a los trabajadores migratorios y a sus familiares el derecho a establecer asociaciones y sindicatos, as¨ª como acceder a la direcci¨®n de los mismos, de conformidad con el art¨ªculo 40 de la Convenci¨®n.

 

92.       De conformidad con la legislaci¨®n vigente, cualquier trabajador en M¨¦xico, sin importar su estatus migratorio, puede formar parte de un sindicato. El art¨ªculo 372 de la Ley Federal del Trabajo dispone que los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorizaci¨®n previa. La ¨²nica limitante que existe para los extranjeros es formar parte de la directiva de un sindicato, pero su derecho a asociarse y formar o no parte de cualquier sindicato est¨¢ a salvo.

 

Recomendaci¨®n 24.ª (p¨¢rrafo 38)

 

El Comit¨¦ recomienda que el Estado parte tome las medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agr¨ªcolas de temporada, por ejemplo garantizando que la Direcci¨®n General de Inspecci¨®n Federal del Trabajo vigile sistem¨¢ticamente el cumplimiento de las normas que regulan el trabajo de los jornaleros agr¨ªcolas. Tambi¨¦n recomienda que todas las alegaciones de abusos, incluso los malos tratos, sean investigadas y que los responsables sean sancionados.

 

93.       Las autoridades del trabajo de orden federal y local est¨¢n facultadas para vigilar el cumplimiento de la legislaci¨®n laboral, desde diversos ¨¢mbitos de competencia, de acuerdo a lo previsto en la Constituci¨®n Pol¨ªtica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Trabajo, en donde se prev¨¦n las ramas industriales, actividades y materias que competen a las autoridades federales del trabajo.

 

94.       De acuerdo con estas disposiciones, las autoridades laborales de las entidades federativas son las responsables de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral en centros de trabajo dedicados a la agricultura, en materia de condiciones generales de trabajo. Por lo que se refiere a las condiciones generales de seguridad e higiene y capacitaci¨®n y adiestramiento, la vigilancia corresponde a las autoridades laborales de car¨¢cter federal, con el auxilio de las autoridades locales.

 

95.       Durante 2007, la STPS obtuvo la autorizaci¨®n de las autoridades hacendarias para incrementar en 100 el n¨²mero de plazas de inspector federal del trabajo, con lo que actualmente suman 318 plazas destinadas a la instrumentaci¨®n de la funci¨®n de vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral en los centros de trabajo, trat¨¢ndose de empresas de jurisdicci¨®n federal.

 

96.       En el marco de la Estrategia para la Atenci¨®n de los Jornaleros Agr¨ªcolas y sus Familias, que coordina la STPS, se han planteado diversas acciones a fin de fortalecer la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral en beneficio de los trabajadores que se emplean en este sector, dentro de las que destacan:

 

a)         La realizaci¨®n de acciones entre diversas dependencias del Ejecutivo Federal vinculadas con jornaleros agr¨ªcolas y con empresas y establecimientos dedicados a la agricultura, a fin de determinar con precisi¨®n el universo de empresas o establecimientos dedicados a labores agr¨ªcolas que podr¨ªan ser sujetos de inspecci¨®n laboral;

 

b)         Dada la necesidad de fortalecer la inspecci¨®n del trabajo en el ¨¢mbito local, se promueve la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral, especialmente por lo que toca a campos agr¨ªcolas, a trav¨¦s de foros tripartitas como la Comisi¨®n Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y las Comisiones Estatales (presididas por los gobernadores de los estados), instancias con la funci¨®n de proponer medidas preventivas de riesgos de trabajo;

 

c)         Se ha propuesto suscribir convenios con las agrupaciones de empleadores vinculados con el sector agr¨ªcola, a efecto de que se incorporen a esquemas alternos a la inspecci¨®n tradicional que tiene implementados la STPS, como es el caso del Programa de Autogesti¨®n de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Declaraci¨®n Laboral Electr¨®nica y la utilizaci¨®n del esquema de Unidades de Verificaci¨®n en el que los particulares se constituyen como tales para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

 

97.       Existen Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la STPS referentes a la actividad agr¨ªcola, que previenen la seguridad en el trabajo como son las siguientes:

 

a)         NOM‑003‑STPS‑1999, relativa a actividades agr¨ªcolas‑uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrici¨®n vegetal o fertilizantes‑condiciones de seguridad e higiene;

 

b)         NOM‑007‑STPS‑2000, relativa a actividades agr¨ªcolas‑instalaciones, maquinar¨ªa, equipo y herramientas‑condiciones de seguridad.

 

98.       El 22 de noviembre de 2007, en cumplimiento a las instrucciones del Presidente de la Rep¨²blica, se instal¨® el Grupo Intersecretarial de Jornaleros Agr¨ªcolas, con la participaci¨®n de 12 dependencias de la Administraci¨®n P¨²blica Federal.

 

99.       El Grupo de Coordinaci¨®n tiene como objetivo general fortalecer la coordinaci¨®n institucional y la sinergia de los programas gubernamentales para promover el acceso de la poblaci¨®n jornalera agr¨ªcola a un trabajo digno, con respeto a los derechos laborales, condiciones de seguridad y previsi¨®n social y en condiciones de equidad, justicia y legalidad, que en conjunto permita el desarrollo individual, familiar y comunitario en sus lugares de origen, tr¨¢nsito y destino.

100.     El Grupo de Coordinaci¨®n se dividi¨® en cinco grupos tem¨¢ticos integrados en el marco de la Estrategia:

 

 

101.     Entre los principales resultados alcanzados por los Grupos de Trabajo destacan:

 

a)         La elaboraci¨®n de un padr¨®n de empresas agr¨ªcolas, constituido a partir de los padrones de los programas de las Secretar¨ªas de Agricultura, Desarrollo Social y del Trabajo, para orientar las diferentes acciones de la Estrategia, en particular la que se refiere a la inspecci¨®n.

 

b)         La estrategia para la inspecci¨®n de las empresas agr¨ªcolas y el programa de trabajo correspondiente.

 

c)         El diagn¨®stico sobre infraestructura m¨¦dica‑hospitalaria orientada a trabajadores agr¨ªcolas en zonas de origen y destino, en el que se apoyar¨¢n las acciones de promoci¨®n de asegurados y campañas especiales de salud.

 

d)         Presentaci¨®n del proyecto sobre la creaci¨®n de una Contralor¨ªa Social por parte de la Secretar¨ªa de Desarrollo Social para instrumentar una estrategia de comunicaci¨®n y denuncia entre la sociedad y el Gobierno Federal.

 

102.     Por su parte, la STPS desarroll¨® un Manual para Trabajadores Agr¨ªcolas Guatemaltecos, cuyo prop¨®sito es informar sobre los derechos y obligaciones entre el empleador y el jornalero.

 

103.     En los ¨²ltimos años, Guatemala y M¨¦xico de forma desarticulada han emprendido mecanismos para regular el flujo migratorio a trav¨¦s de la incorporaci¨®n de un Registro de Contratistas, responsables del reclutamiento previo al ingreso a M¨¦xico de los trabajadores, as¨ª como con la institucionalizaci¨®n de un Listado de Trabajadores y Acompañantes (c¨®nyuges y menores) que debe ser certificado por las autoridades laborales guatemaltecas y en el que se establecen los datos b¨¢sicos de un contrato colectivo para cada unidad productora agr¨ªcola.

 

104.     En el sector salud, independientemente de que los trabajadores temporales puedan ser beneficiados por cualquier cobertura m¨¦dica privada o p¨²blica, la Secretar¨ªa de Salud del estado de Chiapas brinda atenci¨®n de manera ¨¢gil y gratuita a todos los trabajadores agr¨ªcolas y familiares que as¨ª lo soliciten. De igual forma, se emprenden campañas de vacunaci¨®n en las unidades de producci¨®n agr¨ªcola chiapanecas.

105.     El 10% de la poblaci¨®n de menores trabajadores agr¨ªcolas es analfabeta. De acuerdo a encuestas, la mayor¨ªa s¨®lo alcanz¨® el tercer grado de estudios, otros ‑s¨®lo el 7%‑ no concluyeron sus estudios preparatorios.

 

106.     En consecuencia, la actual administraci¨®n, en coordinaci¨®n con el DIF estatal, la Cruz Roja, la Secretar¨ªa de Educaci¨®n y el UNICEF, avanzan en la firma de un convenio para incorporarse al Programa de Educaci¨®n Primaria para Niñas y Niños Migrantes (PRONIM), que actualmente opera en 21 entidades, cuyo objetivo es facilitar a los hijos de los jornaleros en las fincas, el acceso a la educaci¨®n primaria sin importar su nacionalidad, as¨ª como llevar maestros a aquellas unidades productoras agr¨ªcolas que se encuentren alejadas de alguna escuela de educaci¨®n p¨²blica.

 

Recomendaci¨®n 25.ª (p¨¢rrafo 40 a)

 

El Comit¨¦ alienta al Estado Parte a que finalice la enmienda al C¨®digo Penal a fin de tipificar como delito penal la trata de personas.

 

107.     El 27 de noviembre de 2007, se public¨® en el Diario Oficial de la Federaci¨®n la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas ⁹, que incluye sanciones de hasta 27 años de prisi¨®n a quienes cometan ese il¨ªcito.

 

108.     La Ley busca prevenir y sancionar la trata de personas, adem¨¢s de proteger y asistir a las v¨ªctimas de ese il¨ªcito en todo el territorio nacional. Tambi¨¦n se castigar¨¢ a quien ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para s¨ª o para un tercero, a una persona por medio de violencia f¨ªsica o moral, engaño o abuso de poder para someterla a explotaci¨®n sexual.

 

109.     Se sanciona con penas de 6 a 12 años de prisi¨®n y de 1.500 d¨ªas de salario m¨ªnimo de multa a quien cometa el delito de trata de personas. Si el il¨ªcito es cometido por un servidor p¨²blico la sanci¨®n ser¨¢ de hasta 27 años de c¨¢rcel, de 3.300 d¨ªas de salario m¨ªnimo de multa y la destituci¨®n del empleo, cargo o comisi¨®n p¨²blicos e inhabilitaci¨®n.

 

110.     Se contemplan sanciones a quien fomente trabajos o servicios forzados, la esclavitud o pr¨¢cticas an¨¢logas a ¨¦sta, servidumbre o la extirpaci¨®n de un ¨®rgano, tejido o sus componentes.

 

111.     Tambi¨¦n se crea una Comisi¨®n Intersecretarial del Ejecutivo Federal para elaborar y poner en pr¨¢ctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que incluir¨¢ pol¨ªticas en la materia. La Comisi¨®n estar¨¢ integrada por los titulares de las Secretar¨ªas de Gobernaci¨®n, Relaciones Exteriores, Seguridad P¨²blica, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsi¨®n Social, Salud, Desarrollo Social, Turismo y la PGR. Asimismo, tendr¨¢n participaci¨®n los titulares del DIF, el Inmujeres, el INM, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Consejo Nacional de Poblaci¨®n.

 

Recomendaci¨®n 26.ª (p¨¢rrafo 40 b)

 

El Comit¨¦ alienta al Estado Parte a que intensifique sus esfuerzos para luchar contra el trafico il¨ªcito de migrantes y la trata de personas, especialmente mujeres y niños, incluso adoptando medidas adecuadas para detectar los movimientos ilegales o clandestinos de trabajadores migratorios y sus familiares y sancionar las personas y/o grupos que dirijan esos movimientos o presten asistencia a este efecto;

 

112.     El 27 de noviembre de 2007 se public¨® en el Diario Oficial de la Federaci¨®n la Ley Federal para Prevenir la Trata de Personas como importante herramienta para combatir el tr¨¢fico de migrantes y la trata de personas en M¨¦xico.

 

113.     El 27 de febrero de 2006, el INM estableci¨® el cuestionario b¨¢sico a realizar al momento de ser tomada la declaraci¨®n o ampliaci¨®n de declaraci¨®n del extranjero en cualquier momento de su aseguramiento, misma que se enfoca a la determinaci¨®n y prevenci¨®n del fen¨®meno de la trata de personas.

 

114.     El INM monitorea peri¨®dicamente la detecci¨®n y seguimiento de los casos de trata, los cuales son supervisados a nivel nacional por la Coordinaci¨®n de Control y Verificaci¨®n Migratoria y cuya informaci¨®n, para protecci¨®n de las v¨ªctimas, es catalogada como confidencial.

 

115.     Para tal efecto, el INM emiti¨® el Oficio Circular n¨²mero INM/CCV/090/2006, que contiene lineamientos para la obtenci¨®n, por los servicios migratorios mexicanos, de informaci¨®n que sirva para detectar e identificar organizaciones delictivas dedicadas al tr¨¢fico de personas que operan en M¨¦xico.

 

116.     El INM tiene la atribuci¨®n de prevenir delitos establecidos en la Ley General de Poblaci¨®n e investigar las violaciones en materia migratoria; en este sentido se han realizado acciones para la detecci¨®n de redes de traficantes y tratantes, como por ejemplo la investigaci¨®n realizada en el caso "Operativo Divas", en marcha desde mayo de 2006, en donde se investigan violaciones a la Ley General de Poblaci¨®n a trav¨¦s de la p¨¢gina de Internet www.Divas.com. Esta organizaci¨®n criminal se dedica a enganchar mujeres, principalmente argentinas, para prostituirlas en M¨¦xico, siendo tra¨ªdas bajo engaños y sujetas a vigilancia extrema, privadas de su libertad. Se estima que las ganancias de dicha organizaci¨®n oscilan alrededor de los dos millones de pesos mensuales.

 

117.     Actualmente, varias personas se encuentran bajo proceso ante las autoridades judiciales.

 

118.     Por otra parte, el INM ha participado en diversos foros internacionales donde se han abordado los temas relacionados con la trata de personas, como la reuni¨®n del Grupo Plenario sobre Procuraci¨®n de Justicia organizada en octubre de 2006 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Am¨¦rica, en donde se abordaron las acciones que se han realizado con respecto a la trata de personas. En octubre de 2006, M¨¦xico particip¨® en la Conferencia Nacional sobre Tr¨¢fico y Trata de Personas celebrada en Nueva Orle¨¢ns (Estados Unidos de Am¨¦rica), con la asistencia de todas las dependencias gubernamentales que tienen a su cargo la problem¨¢tica en ese pa¨ªs.

 

119.     Como parte de las acciones que el INM realiza para evitar el tr¨¢fico de personas, en agosto de 2006, la Coordinaci¨®n de Control y Verificaci¨®n Migratoria realiz¨® una visita de verificaci¨®n a la empresa KBL de M¨¦xico, S. A. de C. V., ubicada en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, detect¨¢ndose a un total de 61 extranjeros de origen chino que eran obligados a trabajar m¨¢s de 14 horas diarias y cuya documentaci¨®n migratoria se encontraba en poder del propietario de la empresa. Es de destacar que en la actualidad esa empresa ha cerrado operaciones debido a la estricta vigilancia del INM.

 

120.     Adem¨¢s, colabora con otras dependencias como la PGR y la estadounidense Customs and Border Protection (CBP) en la implementaci¨®n del programa Operation Against Smugglers Initiative for Safety and Security (OASISS), que tiene la finalidad de combatir el tr¨¢fico de personas.

 

121.     Por otro lado, el INM ha detectado y protegido a nueve v¨ªctimas de trata (tres argentinas, tres hondureñas, dos chinas y una salvadoreña), teniendo como premisa que en todo momento sus derechos sean garantizados. Destaca que en este proceso participan organizaciones no gubernamentales como Sin Fronteras, as¨ª como la Organizaci¨®n Internacional para las Migraciones (OIM).

 

122.     El INM ha realizado una capacitaci¨®n especializada a nivel nacional comprendiendo los temas de trata, tr¨¢fico y derechos humanos, de tal suerte que para 2006 se impartieron 15 cursos, en donde se capacit¨® a un total de 435 funcionarios, de los que resaltan:

 

a)         "Capacitaci¨®n sobre derecho internacional de refugiados y estado de derecho y trata de personas para la explotaci¨®n sexual comercial", en el Distrito Federal;

 

b)         "La trata de personas y el tr¨¢fico il¨ªcito de migrantes", impartido en el Distrito Federal;

 

c)         "Fraude de documentos, contrabando y trata de blancas", realizado en Tapachula (Chiapas) y Tijuana (Baja California);

 

123.     El INM ha realizado acciones contundentes en contra de aquellos extranjeros que ingresan a territorio nacional con la ¨²nica finalidad de llevar a cabo delitos de car¨¢cter sexual o que cuentan con malos antecedentes en sus pa¨ªses de origen. En el periodo comprendido entre los meses de enero de 2005 y enero de 2007, se ha expulsado del territorio nacional a un total de 298 extranjeros de nacionalidad norteamericana.

 

124.     En cuanto a las iniciativas para el combate a la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños, el INM ha colaborado con instancias como la Comisi¨®n Interamericana de Mujeres, la Organizaci¨®n de los Estados Americanos (OEA), la Organizaci¨®n Internacional para las Migraciones (OIM), la Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores y el Inmujeres. En este aspecto, destaca la publicaci¨®n conjunta en 2006 de un manual sobre la trata de personas, as¨ª como la publicaci¨®n en 2007 del estudio "La trata de mujeres, adolescentes, niñas y niños en M¨¦xico: un estudio exploratorio en Tapachula, Chiapas", del investigador Dr. Rodolfo Casillas.

 

125.     En el año 2007, una vez aprobada la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la CNDH cre¨® el Programa contra la Trata de Personas, el cual se encuentra a cargo de la Quinta Visitadur¨ªa General. Por medio de este Programa se atiende el fen¨®meno de forma integral en tres aspectos b¨¢sicos: el jur¨ªdico, el institucional y el social, estableciendo como ejes de desarrollo la coordinaci¨®n y la cooperaci¨®n con las instituciones p¨²blicas y la sociedad civil. El principio fundamental que orienta sus estrategias y acciones es la salvaguarda de los derechos humanos de las v¨ªctimas de este delito. A partir de 2006, la CNDH coordina la integraci¨®n de diez Comit¨¦s Regionales contra la Trata de Personas.

 

126.     El Programa se desarrolla en cuatro vertientes:

 

a)         La realizaci¨®n sistem¨¢tica de estudios jur¨ªdicos para promover un sistema jur¨ªdico nacional y homog¨¦neo, que permita un combate eficaz contra el delito de trata;

 

b)         El establecimiento de una comunicaci¨®n permanente para la cooperaci¨®n con los organismos internacionales que tienen en sus agendas el tema de la trata de personas;

 

c)         El seguimiento y control de toda la documentaci¨®n que se recopile o genere dentro del Programa;

 

d)         La vinculaci¨®n social, para mantener una coordinaci¨®n permanente con los actores y sectores de la sociedad.

 

127.     En la Sexta Asamblea General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoci¨®n y Protecci¨®n de los Derechos Humanos del Continente Americano, realizada en 2007, a propuesta de la CNDH, se decidi¨® crear un Grupo de Trabajo Regional para establecer las estrategias y acciones contra la trata de personas; asimismo, se incluy¨® el tema de la trata de personas en la Agenda de Trabajo de la Red para el año 2008 y se design¨® a la CNDH para desarrollarlo.

 

Recomendaci¨®n 27.ª (p¨¢rrafo 40 c)

 

El Comit¨¦ alienta al Estado Parte a que investigue apropiadamente las denuncias de involucramiento de funcionarios p¨²blicos en estos cr¨ªmenes y adecuadamente persiga y sancione a los responsables.

 

128.     A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal para Prevenir la Trata de Personas (noviembre de 2007) se estableci¨® el tipo legal de este delito por lo que no existen denuncias por este crimen antes de esa fecha.

 

129.     Sin embargo, existen quejas y denuncias que comprenden actos tales como: abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, incumplimiento a la normatividad interna, maltrato, negligencia y la falta de respeto a la relaci¨®n laboral. El n¨²mero total de estas para el año 2006 fue de 477 y para el año 2007 sum¨® 429.

 

130.     El n¨²mero total de sanciones impuestas a personal activo y a servidores p¨²blicos adscritos al INM para el año 2006 fue de 197 y para 2007 de 102. Estas sanciones van desde amonestaciones privadas o p¨²blicas, suspensi¨®n, destituci¨®n del puesto, inhabilitaci¨®n o pago de multas.

 

Recomendaci¨®n 28.ª (p¨¢rrafo 42 a)

 

El Comit¨¦ recomienda al Estado Parte que preste particular atenci¨®n a la situaci¨®n de vulnerabilidad de los menores migrantes no acompañados. En particular, el Estado Parte deber¨¢ fortalecer los programas para la repatriaci¨®n segura y ordenada de los menores no acompañados, tanto en la frontera sur como en la frontera norte.

 

131.     El 11 de junio de 2007 se llev¨® a cabo la firma de un convenio entre el INM y el DIF, para establecer acciones conjuntas en beneficio de los niños y adolescentes migrantes y repatriados mexicanos y extranjeros no acompañados. Dicho convenio tiene por objetivo resguardar la integridad f¨ªsica y mental de los niños y adolescentes, desde que son retenidos y hasta su reinserci¨®n en su comunidad de origen.

 

132.     Destacan los logros del Programa Interinstitucional de Atenci¨®n a Menores Fronterizos (PIAMF):

 

a)         Ampliaci¨®n de la Cobertura de Atenci¨®n;

 

b)         Fortalecimiento de la capacidad operativa de los albergues de tr¨¢nsito (aumentando el presupuesto que se destina a ¨¦stos);

 

c)         Diseño de un Sistema Único de Informaci¨®n;

 

d)         Desarrollo de materiales de informaci¨®n y sensibilizaci¨®n;

 

e)         Promoci¨®n de la atenci¨®n a menores en los pa¨ªses centroamericanos;

 

f)         Establecimiento del primer albergue de tr¨¢nsito en Tapachula (Chiapas);

 

g)         Desarrollo del modelo de atenci¨®n en las estaciones migratorias;

 

h)         Acuerdos Locales para la Repatriaci¨®n de Nacionales Mexicanos desde Estados Unidos firmados en 2006, los cuales buscan garantizar mayor seguridad en especial para los grupos vulnerables (menores de edad), mediante el establecimiento de lugares y horarios espec¨ªficos; 

 

i)          Suscripci¨®n en mayo de 2006 del Memor¨¢ndum de Entendimiento entre los gobiernos de M¨¦xico, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua para la Repatriaci¨®n Ordenada, Ágil y Segura de Nacionales Centroamericanos Migrantes V¨ªa Terrestre (Memor¨¢ndum de Repatriaci¨®n Regional).

 

133.     Por otra parte, es importante mencionar la firma, el 12 de julio de 2007, del Convenio espec¨ªfico de colaboraci¨®n entre el INM, el DIF Chiapas y la Comisi¨®n Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el cual tiene por objeto establecer las bases de colaboraci¨®n para llevar a cabo acciones conjuntas, al proporcionar albergue temporal en beneficio de las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros que se encuentran en la zona fronteriza del estado de Chiapas.

 

134.     Asimismo, el convenio permite la adhesi¨®n de instituciones p¨²blicas y privadas afines en la materia, para un tratamiento integral a los niños y adolescentes migrantes.

 

135.    El 30 de marzo de 2007 el Gobierno de M¨¦xico estableci¨® una Mesa de Di¨¢logo Interinstitucional sobre niñas, niños y adolescentes no acompañados y mujeres migrantes, encabezada por la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n a trav¨¦s de la Secretar¨ªa T¨¦cnica que recae en el INM, en el marco de la cual se han venido consolidando dos metas principales: la implementaci¨®n de acciones en los lugares de origen y la instrumentaci¨®n de un sistema ¨²nico de comunicaci¨®n, denominado "Red de informaci¨®n para la protecci¨®n de los derechos de la niñez migrante no acompañada".

 

136.     El 15 de octubre de 2007, se present¨® en dicha mesa un modelo de protecci¨®n de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados en la frontera norte, cuya utilidad estrat¨¦gica es estandarizar los procesos de repatriaci¨®n, teniendo en cuenta las caracter¨ªsticas propias de cada estado, la definici¨®n de los procesos de retorno a los lugares de origen de los niños repatriados, la determinaci¨®n del apoyo y seguimiento que se dar¨¢ al niño una vez que est¨¦ en su lugar de origen y el aseguramiento de la coordinaci¨®n entre las instituciones de los diferentes niveles (federal, estatal y municipal) y entre los estados fronterizos y de origen.

 

137.     La propuesta de modelo se realiz¨® de manera conjunta entre el DIF, INM y el UNICEF.

 

138.     El modelo considera cinco etapas:

 

a)         Detenci¨®n del menor en los Estados Unidos.

b)         Coordinaci¨®n de la repatriaci¨®n.

c)         Atenci¨®n en los Estados Fronterizos.

d)         Retorno seguro a casa.

e)         Activaci¨®n del Sistema de Protecci¨®n Interinstitucional en los lugares de origen.

 

 

 

 

 

HISTÓRICO DE ATENCIÓN POR ESTADO Y MUNICIPIO

 

 

* Informaci¨®n al mes de septiembre de 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRICO INTERINSTITUCIONAL

 

Año	Menores repatriados que viajan solos o acompañados	Menores canalizados para su atenci¨®n a la red de albergues del DIF y otros albergues	Programa interinstitucional de atenci¨®n a menores fronterizos cifras DIF
1996			8000
1997			8000
1998	48336	No existe registro	8560
1999	108571	No existe registro	8045
2000	116938	No existe registro	8768
2001	63938	10673	7620
2002	47585	11545	6708
2003	52296	11452	7194
2004	39690	13841	10920
2005	44727	22055	18392
2006	35883	21472	20516
2007*	20799	11588	16787

* Informaci¨®n al mes de septiembre de 2007

 

Recomendaci¨®n 29.ª (p¨¢rrafo 42 b)

 

El Estado Parte deber¨¢ proporcionar capacitaci¨®n espec¨ªfica sobre los derechos de los niños a los funcionarios p¨²blicos que trabajan en ¨¢reas fronterizas y que entran en contacto con menores no acompañados.

 

139.  El INM en coordinaci¨®n con el DIF, el UNICEF, la OIM, la COMAR y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se encuentra desarrollando una estrategia de capacitaci¨®n para la especializaci¨®n de oficiales de migraci¨®n que se convertir¨¢n en Oficiales de Protecci¨®n a la Infancia.

 

140.  Mediante la estrategia de atenci¨®n con calidad y calidez del PIAMF se brinda a los menores migrantes y repatriados un trato digno y en apego a sus derechos, a partir de contar con personal calificado en instalaciones adecuadas para su recepci¨®n, atenci¨®n y canalizaci¨®n a sus lugares de origen, para lo cual se han impartido diversos cursos de capacitaci¨®n a personal operativo de los sistemas estatales y municipales DIF y a organizaciones de la sociedad civil.

 

141.  El DIF en coordinaci¨®n con el Instituto Tecnol¨®gico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO A.C.), bajo el financiamiento del UNICEF, elabor¨® un "Cuadernillo de bienvenida para niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados" y la "Gu¨ªa t¨¦cnica para el personal que labora en los albergues de tr¨¢nsito para niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados" Dichos materiales facilitar¨¢n el trabajo que se realiza con las niñas, niños y adolescentes durante su estancia en la red de albergues de tr¨¢nsito incorporados al Programa.

 

142.  En octubre de 2007 se llev¨® a cabo la Reuni¨®n Nacional del PIAMF, con el objetivo de fortalecer la visi¨®n de buenas pr¨¢cticas en la instrumentaci¨®n de programas para niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados, a partir de conocer y reconocer diferentes enfoques de intervenci¨®n (g¨¦nero, derechos, familia, violencia y maltrato) que se consoliden como ejes transversales de la prevenci¨®n y atenci¨®n de dicha problem¨¢tica.

 

143.  A la reuni¨®n nacional asistieron 75 personas de los sistemas estatales y municipales DIF, as¨ª como organizaciones de la sociedad civil y representantes de COMAR, INM, Secretar¨ªa de Desarrollo Social, a quienes se les capacit¨® en temas como: vulnerabilidad infantil y pol¨ªtica social, contenci¨®n en estados de crisis, derechos humanos en los programas para la infancia vulnerable, detecci¨®n de la violencia y el maltrato, fortalecimiento familiar entre otros.

 

144.  Dentro de la reuni¨®n nacional se llev¨® a cabo un taller de materiales did¨¢cticos para albergues fronterizos, en el que se revisaron y comentaron el "Cuadernillo de bienvenida para niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados" y la "Gu¨ªa t¨¦cnica para el personal que labora en los albergues de tr¨¢nsito para niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados".

 

Recomendaci¨®n 30.ª (p¨¢rrafo 42 c)

 

El Estado Parte deber¨¢ garantizar que la detenci¨®n de los niños y adolescentes migrantes ‑acompañados o no‑ se lleve a cabo de conformidad con la ley y se utilice tan s¨®lo como medida de ¨²ltimo recurso y en el per¨ªodo m¨¢s breve que proceda.

 

145.  El INM en coordinaci¨®n con el DIF, a partir de la firma del convenio de colaboraci¨®n para la atenci¨®n de niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, en el marco del PIAMF, canaliza a todos los menores de edad a los albergues p¨²blicos y privados incorporados al programa para su atenci¨®n y reintegraci¨®n a sus lugares de origen, a fin de que gocen de un espacio de atenci¨®n apropiado a sus condiciones de edad. La repatriaci¨®n de las niñas, niños y adolescentes se realiza con la intervenci¨®n de las representaciones consulares correspondientes. Sin embargo, en caso de ser necesario que permanezcan en instalaciones del INM, se procura que no est¨¦n solos, por medio de la contrataci¨®n de trabajadoras sociales.

 

146.  En el caso de los mayores de 12 años que no viajen acompañados, se les asigna un espacio especial en la estaci¨®n migratoria, en el cual se encuentran los asegurados adolescentes.

 

147.  Si los menores viajan acompañados, el INM privilegia la unidad familiar y permite que ¨¦stos permanezcan en el mismo espacio que la madre y asigna el lugar para visitas (fuera de su horario de operaci¨®n) para que, en caso de que tambi¨¦n se encuentre presente el padre, la familia pueda convivir.

 

148.  En cuanto a los tiempos de aseguramiento, ¨¦stos var¨ªan dependiendo de la nacionalidad y las condiciones de viaje que presenta cada individuo, por lo que no se puede establecer un n¨²mero de d¨ªas como una temporalidad usual.

 

Recomendaci¨®n 31.ª (p¨¢rrafo 42 d)

 

El Estado Parte deber¨¢ fortalecer la cooperaci¨®n con la sociedad civil y las organizaciones internacionales, a fin de abordar el fen¨®meno creciente de menores no acompañados.

 

149.  El 11 de junio de 2007, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF anunci¨® que se llevar¨¢n a cabo reuniones con los presidentes de los DIF de los Estados en las fronteras norte y sur de M¨¦xico para trabajar a fin de facilitar la repatriaci¨®n de los menores migrantes, garantizar el respeto de sus derechos durante el proceso de repatriaci¨®n y brindarles una atenci¨®n integral que les permita reintegrarse a su ¨¢mbito familiar lo m¨¢s pronto posible.

 

150.  Asimismo, indic¨® que la sociedad civil organizada y las empresas deben colaborar y fortalecer cada vez m¨¢s programas en la materia para atender a las niñas y los niños migrantes.

 

151.  El Programa Interinstitucional de Atenci¨®n a Menores Migrantes creado en 1996 ha consolidado el trabajo realizado en la frontera norte ampliando sus ¨¢mbitos de intervenci¨®n hacia los lugares de origen de los menores migrantes y repatriados, instrumentando acciones de apoyo en el Distrito Federal y estructurando una metodolog¨ªa de trabajo para el establecimiento de un Plan de Acci¨®n en la frontera sur.

 

152.  El principal logro del Programa ha sido articular el trabajo de los sistemas estatales y municipales DIF, quienes a trav¨¦s de los diferentes albergues p¨²blicos y privados que integran la Red del programa, han atendido a un total hist¨®rico de 83.279 menores, con un presupuesto ordinario global por año de 683.117 d¨®lares de los Estados Unidos de Am¨¦rica y durante 2006 recursos extraordinarios por 3 millones de d¨®lares.

 

Año	Poblaci¨®n atendida	Total (d¨®lares)
2001	7.620	600.000
2002	6.708	678.126
2003	7.194	683.084
2004	10.920	683.100
2005	18.392	683,117
2006	20.516	3.683.114
2007	16.787*	683.117
Total	83.279	7.693.658

* Informaci¨®n con corte del cierre del mes de septiembre de 2007

 

153.  Los estados y municipios participantes en la frontera norte son: Tijuana y Mexicali en Baja California; Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Ju¨¢rez y Ojinaga en Chihuahua; Agua Prieta, Nogales y San Luis R¨ªo Colorado en Sonora; Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas y Monterrey en Nuevo Le¨®n. A octubre de 2007 se contaba con una red de 65 albergues de tr¨¢nsito integrados al Programa, 16 pertenecientes a los sistemas estatales y municipales DIF, 44 a organizaciones civiles y cinco m¨®dulos de recepci¨®n y atenci¨®n.

 

154.  En la frontera sur actualmente se encuentra en funcionamiento el albergue para menores migrantes del DIF‑Chiapas, ubicado en el municipio de Tapachula, el que se coordina con la Delegaci¨®n del INM que, a su vez, cuenta con la Estaci¨®n Migratoria Modelo. Esta ¨²ltima tiene un ¨¢rea especializada en la atenci¨®n de menores de edad, de tal forma que las niñas, niños y adolescentes son canalizados en cualquiera de las dos instancias, dependiendo de su edad y sexo.

 

 

 

 

Año	Estados participantes	SMDIF	OSC	Albergues
				Fronteras	Lugares de origen
2001	5	11	7	18	0
2002	5	11	5	18	0
2003	5	11	5	18	0
2004	6	12	5	20	0
2005	7	14	6	24	0
2006	10	16	6	24	42
2007	7	14	6	25	0

 

155.  A partir de junio de 2007, el albergue temporal para menores migrantes de Tapachula ofrece atenci¨®n a niñas y niños que vayan acompañados de sus madres, privilegiando el principio de la unidad familiar. Se reciben y asisten no s¨®lo a menores de 12 años, sino tambi¨¦n a sus madres y, cuando as¨ª se requiere, casos especiales de niñas hasta 16 ¨® 17 años.

 

156.  En el ¨¢mbito estatal se ha establecido en cada municipio participante del Programa, comit¨¦s locales de coordinaci¨®n que se encuentran formados por personal del sistema estatal y sistemas municipales DIF, representantes del Consulado de M¨¦xico en los Estados Unidos, de la Delegaci¨®n local del INM, de la CNDH, de la Polic¨ªa Municipal y de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la atenci¨®n que se brinda a esta poblaci¨®n.

 

157.  Dichos Comit¨¦s constituyen espacios para el intercambio de experiencias e ideas que consoliden una pol¨ªtica p¨²blica a favor de los menores migrantes y repatriados. Durante 2007 se trabaj¨® en la reinstalaci¨®n de los Comit¨¦s, en los casos en que ha sido necesaria la actualizaci¨®n de los convenios de colaboraci¨®n que les dan origen.

 

Recomendaci¨®n 32.ª (p¨¢rrafo 44)

 

El Comit¨¦ pide asimismo al Estado Parte que difunda las presentes observaciones finales, en especial entre los organismos p¨²blicos y el poder judicial, las organizaciones no gubernamentales y los otros miembros de la sociedad civil, y que informe a los mexicanos emigrantes en el extranjero, as¨ª como a los trabajadores migratorios extranjeros en tr¨¢nsito o residentes en M¨¦xico, sobre los derechos que la Convenci¨®n les confiere a ellos y a sus familiares.

 

158.  La Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores ha realizado un intenso trabajo de difusi¨®n de las Observaciones del Comit¨¦, solicitando a las dependencias federales y estatales, as¨ª como con ¨®rganos aut¨®nomos de derechos humanos, dar a conocer dichas observaciones.

 

159.  El INM procedi¨® a elaborar un tr¨ªptico informativo sobre la Convenci¨®n Internacional sobre la protecci¨®n de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, el cual fue circulado el 16 de marzo de 2007, en las Estaciones Migratorias, Delegaciones, fuente de prensa, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Igualmente, estableci¨® un v¨ªnculo al Informe y observaciones del Comit¨¦ en la p¨¢gina electr¨®nica del INM, a fin de que puedan ser consultados en l¨ªnea.

 

160.  A nivel estatal se difundieron las recomendaciones a todos las autoridades ejecutivas y judiciale